Ayuda a las mujeres afectadas por la violencia en Asia

Información de fondo

En un contexto generalmente patriarcal, como el de muchos países asiáticos, las mujeres son especialmente vulnerables, ya que también están subordinadas a sus maridos en virtud del derecho civil. El marido es considerado el cabeza de familia, con amplios poderes de control y dominación. Las leyes indonesias y malasias victimizan al cónyuge que abandona primero el hogar y, por tanto, discriminan a las mujeres que se marchan con sus hijos porque han sufrido violencia doméstica. Las normas culturales tradicionales, caracterizadas por la pobreza, siguen propiciando el matrimonio de niñas menores de edad en Indonesia y Malasia, lo que constituye una forma de violencia estructural. En Indonesia, alrededor de 1,4 millones de mujeres son menores de 18 años cuando se casan cada año, y los matrimonios suelen ser concertados por los cabezas de familia, sin que se respete la voluntad de las jóvenes afectadas.

Para mejorar su situación económica, muchos indonesios buscan empleo en el extranjero, por ejemplo en Malasia, Hong Kong, Taiwán, Corea, Singapur u Oriente Medio. Otros incluso son obligados por sus familias a ganar dinero como trabajadores migrantes. Bastantes caen víctimas de los traficantes de seres humanos. Más de 9 millones de indonesios trabajan en el extranjero. El 75% son mujeres, a menudo empleadas domésticas o cuidadoras.

En la región del proyecto de Hong Kong, los aproximadamente 380.000 trabajadores domésticos extranjeros trabajan en su mayoría en condiciones muy precarias, y más del 40% de ellos proceden de Indonesia. La falta de educación empeora la situación de los trabajadores inmigrantes en particular: Sólo unos pocos conocen sus derechos y pueden pedir ayuda o defenderse en caso de abusos, explotación sexual o condiciones insalubres en el lugar de trabajo.

Malasia se ha convertido en uno de los países de destino más populares para los trabajadores migrantes no cualificados, con un gran número de migrantes que entran en el país sin papeles. En la provincia malaya de Sabah, donde trabaja Mission 21, hay 800.000 apátridas, lo que genera problemas complejos. La Ley de Educación de 1996 (Ley 550) prohíbe a los hijos de inmigrantes irregulares indocumentados asistir a las escuelas públicas. La negación de la educación impide a estos niños labrarse un futuro mejor. Los centros de aprendizaje gestionados por la Iglesia intentan colmar esta laguna, lo que requiere la cooperación con las autoridades escolares indonesias para garantizar el reconocimiento de las cualificaciones cuando los niños regresen más tarde al país de origen de sus padres.

Objetivos del proyecto

• Prevención de la violencia sexual y de género, incluida la trata de seres humanos, y sus causas estructurales
• Reforzar los derechos legales de mujeres, jóvenes y niños, LGBTQI+, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables como los trabajadores migrantes y sus hijos.
• Sensibilizar a los agentes clave, como autoridades, líderes tradicionales y religiosos, profesores, hombres y niños, para promover la igualdad de género.
• Las personas afectadas por violencia sexual y de género reciben apoyo jurídico y psicosocial y tienen acceso a centros de acogida.
• Acceso a la educación de los hijos de trabajadores inmigrantes

Grupos objetivo

El principal grupo destinatario son las mujeres víctimas de privación de derechos, explotación y violencia en sus propias familias o como migrantes laborales en hogares extranjeros o a lo largo de la cadena migratoria, o que están expuestas a este riesgo. Los hijos de migrantes laborales irregulares en Sabah (Malasia) también forman parte del grupo objetivo. Se incluye a los hombres en el trabajo de prevención y en las campañas, porque la justicia de género sólo puede lograrse si mujeres y hombres trabajan juntos para conseguirla.

Actividades

• Actividades de prevención, como la capacitación de líderes comunitarios, educadores y activistas, y campañas de concienciación pública sobre cuestiones de: Normas de género y relaciones de poder; seguridad física y protección; marcos jurídicos y acceso a la justicia; acceso seguro a las necesidades básicas; equidad económica, educativa y social.
• Medidas de apoyo a las personas afectadas por la violencia sexual y de género, centradas en: salud física, mental y psicosocial; asistencia jurídica y protección física; capacitación socioeconómica; educación escolar para hijos de inmigrantes.
• Plataforma regional anual sobre migración segura y justa para el aprendizaje mutuo, la creación de redes con autoridades y otras partes interesadas, y la planificación de acciones y campañas conjuntas para mejorar la coordinación regional y el acompañamiento transnacional de las víctimas.

Progreso del proyecto

En el ámbito del apoyo directo a las víctimas de violencia sexual y de género, incluida la trata de seres humanos, nuestras organizaciones socias ayudaron a un total de 238 personas (predominantemente mujeres). El aumento del número de víctimas apoyadas en comparación con años anteriores demuestra que la concienciación sobre la violencia de género es cada vez mayor y que más personas recurren a los servicios de apoyo. Gracias a las medidas de reintegración y generación de ingresos, algunas de las víctimas pudieron continuar sus estudios o poner en marcha sus propios negocios. En cuanto a los agresores, la GKP ofreció nuevos cursos de rehabilitación en su centro de acogida de mujeres "Pasundan Durebang" de Bandung para promover un cambio de comportamiento a largo plazo. El refugio "Casa de la Esperanza" de la GMIT en Kupang consiguió ayudar a las familias de 83 trabajadores migrantes fallecidos en el extranjero, una triste cifra de víctimas mortales.

En su área de servicio, el GMIT creó equipos de apoyo y prevención para víctimas de violencia sexualizada y trata de seres humanos en diez parroquias. En Java Occidental, el GMIT pudo establecer contacto con la Unión Islámica de Indonesia, que incluye a grupos fundamentalistas, en cooperación con la organización musulmana de la sociedad civil Instituto Sapa. Esto le permitió ampliar sus actividades de educación y sensibilización sobre la cuestión de la violencia de género.

En el ámbito de la prevención, se realizó un trabajo estructural para cambiar los roles y las relaciones de género en favor de una convivencia menos violenta. Alrededor de 3.965 personas (aproximadamente un tercio hombres, dos tercios mujeres, cinco personas de la comunidad LGBTIQ+) participaron en medidas de sensibilización. Asistieron 3.139 personas a actos de sensibilización pública, seminarios, campañas y mesas redondas. 651 personas, en su mayoría mujeres, asistieron a iniciativas de capacitación, como cursos de formación y talleres. Las actividades de promoción en el ámbito político y eclesiástico llegaron directamente a 494 personas. Varias organizaciones socias están aplicando ahora un Código de Conducta para la Prevención de la Explotación, el Abuso y el Acoso Sexuales (PSEAH) y tomaron medidas para promover la igualdad de género en los puestos de liderazgo. Las medidas están dando sus frutos: Tres de las cinco iglesias asociadas al proyecto están dirigidas actualmente por mujeres, entre ellas la GKEque cubre una zona enorme (casi todo Kalimantan, la parte indonesia de Borneo). Los trabajadores migrantes indonesios en Hong Kong han sido Acción Cristiana educados en la justicia de género y capacitados para ejercer mejor sus derechos.

La nueva ley de penalización de la violencia sexual en Indonesia, aprobada en 2022, se puso en marcha gracias en parte a la incansable labor de presión de nuestros socios. GKP, PERUATI y IGP y su intensa labor de creación de redes interconfesionales. Además, en Java Occidental se presentó un proyecto de ley que prevé la creación de servicios integrados para mujeres, niños y trabajadores inmigrantes.

En Sabah (Malasia), 746 hijos de trabajadores migrantes indonesios ilegalizados, excluidos de las escuelas públicas por carecer sus padres de derechos de residencia, asistieron a clases en los cinco centros de aprendizaje comunitarios del BCCM. Se formó a 42 nuevos profesores. 67 personas, entre profesores y personal de centros educativos de Bandung y alrededores, recibieron formación para prevenir la violencia sexual en las escuelas, así como 60 alumnos de primaria y secundaria.