La guerra en Sudán del Sur se recrudece. El hospital de Lankien, donde trabajan las comadronas formadas por Mission 21, ha sido atacado varias veces. Innumerables personas están huyendo y la ayuda humanitaria está siendo bloqueada.
Desde finales de 2025, el conflicto armado en Sudán del Sur se ha intensificado drásticamente, sobre todo en los estados de Jonglei y Alto Nilo. Las fuerzas gubernamentales (SSPDF) y la oposición SPLA/IO están bloqueando el acceso humanitario y ordenando evacuaciones a gran escala. Esto ha provocado el desplazamiento de 280.000 personas hasta la fecha.
En gran medida, las órdenes de evacuación no tienen por objeto proteger a la población. El calendario y el alcance indican que siguen una lógica militar. Por ejemplo, a finales de diciembre de 2025 se llevaron a cabo ataques aéreos indiscriminados en Lankien (Jonglei) tras las órdenes de evacuación. Hubo civiles muertos y heridos. Según el derecho internacional humanitario, el desplazamiento forzoso sin razones de peso está prohibido y constituye un crimen de guerra.
Obstetras en peligro
El hospital de Lankien fue atacado repetidamente. Al menos once matronas que han podido completar su formación gracias al apoyo de los socios de Mission 21. Sus esfuerzos salvan vidas de mujeres, recién nacidos y toda una región. Ahora la vida de los profesionales está en peligro.
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Ambas partes en conflicto están cometiendo graves abusos dirigidos deliberada o indiscriminadamente contra la población civil: Asesinatos, violencia sexual, saqueos y destrucción sistemática de infraestructuras civiles.
Además, las autoridades locales dictan órdenes administrativas contradictorias y, en ocasiones, amenazadoras, que obligan a las organizaciones humanitarias a tomar partido o a interrumpir su labor. La prohibición de vuelos deja sin suministros a zonas enteras.
Dramático para la población civil
Esta dinámica apunta a una instrumentalización selectiva de la ayuda humanitaria. El acceso a la ayuda no se orienta principalmente hacia las necesidades de la población, sino que se utiliza como medio de ejercer presión política y militar.
Las consecuencias para la población civil afectada son dramáticas: decenas de miles de personas viven en condiciones extremas, sin alimentos, atención médica ni protección suficientes. Existe un grave riesgo de hambruna en varias regiones.
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Todas las partes en conflicto estarían obligadas a permitir la ayuda humanitaria y proteger a la población civil, independientemente de su decisión de huir. Sin embargo, las violaciones en curso muestran un alto grado de impunidad y una erosión progresiva de los mecanismos básicos de protección.
Mission 21 también está comprometida a largo plazo
Para la Misión 21, la situación pone de relieve la necesidad de interrelacionar estrechamente la ayuda humanitaria, la labor de derechos humanos y la defensa de la política de paz. La amenaza que pesa sobre instalaciones como el hospital de Lankien pone de manifiesto que la labor educativa y sanitaria tiene repercusiones a largo plazo, pero se ve gravemente comprometida sin protección política ni acceso humanitario. Además de apoyar a los socios locales, es necesaria una mayor presión internacional para proteger eficazmente a los civiles, al personal médico y a las infraestructuras vitales.
Estamos en estrecho contacto con nuestra oficina de coordinación en Juba y con nuestros socios locales. Mission 21 se compromete a proteger a la población civil, el personal médico y las infraestructuras vitales a todos los niveles.
