Una sociedad civil fuerte para el desarrollo sostenible en América Latina

Información de fondo

Los informes del World Justice Project sobre el Estado de Derecho en los países de América Latina y el Caribe muestran tendencias autoritarias y una desconfianza generalizada. La mayoría de la población de América Latina y el Caribe cree que su gobierno utiliza la desinformación para influir en la opinión pública a su favor. Al mismo tiempo, las nuevas encuestas sobre autoritarismo y democracia muestran una convicción generalizada de que los principales representantes del gobierno intentan atacar y debilitar importantes mecanismos de control del ejecutivo.

En los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), entre el 50% y el 75% de las personas creen que los funcionarios del gobierno muestran un comportamiento autoritario. En comparación con el último año de recogida de datos, más personas creen que los funcionarios de los gobiernos locales no son elegidos mediante un proceso limpio. Además, más de dos tercios de los encuestados dudan de que los funcionarios de alto rango rindan cuentas por infringir la ley. En un entorno así, se necesitan organizaciones socias sólidas que puedan seguir trabajando eficazmente en favor de las personas desfavorecidas en un entorno cada vez más autoritario. Personas cuyos medios de vida se ven amenazados por el cambio climático y la falta de protección del agua, que tienen un acceso limitado a la educación formal o que se ven afectadas por la violencia de género.

Objetivos del proyecto

El objetivo de este proyecto es reforzar las organizaciones asociadas a Mission 21 para que puedan trabajar de forma transparente, eficaz y sostenible en la sociedad civil. Esto debería permitir a las organizaciones asociadas ejercer una influencia aún más específica sobre los responsables políticos y desarrollar medidas eficaces para influir en la opinión pública.

Grupo objetivo

Jefes de proyecto y empleados de las organizaciones asociadas a Mission 21.

Actividades

Promovemos el intercambio de conocimientos entre las organizaciones asociadas e impartimos formación sobre métodos innovadores de presión política y trabajo de concienciación. Entre las actividades más importantes figuran

• Talleres de "artivismo": este enfoque utiliza la combinación de arte y acción social en espacios públicos como medio para llamar la atención sobre la crisis medioambiental o el menoscabo de los derechos políticos de una forma creativa y pacífica.
• Intercambio de conocimientos sobre estrategias para hacer frente a la violencia de género contra las mujeres indígenas y asesoramiento jurídico.
• Intercambio de conocimientos sobre enfoques para que los hombres y los niños desarrollen imágenes positivas de la masculinidad.

Progreso del proyecto

En el año 2025, las dos organizaciones asociadas, Alfalit y Cedepas Perú, impartieron cursos de formación continua a sus equipos sobre la prevención de la explotación sexual, los abusos y el acoso. Estas organizaciones asociadas fueron seleccionadas porque trabajan en zonas rurales con población indígena. Esto suele requerir un enfoque específico de la temática y los servicios de protección correspondientes no son tan fácilmente accesibles como en el contexto urbano.

Los coordinadores y coordinadoras de proyectos, los técnicos y técnicas y los educadores y educadoras también recibieron formación sobre las medidas de protección que deben adoptar cuando detecten casos dentro de sus organizaciones y/o en el entorno de los participantes en el proyecto. Las formaciones fueron desarrolladas por el CEDEP, una organización con amplia experiencia en el trabajo de prevención en el ámbito rural.

En el ámbito del empoderamiento de las mujeres para la participación social, se llevaron a cabo talleres y mesas redondas con nuestras organizaciones asociadas y otros grupos de interés. El objetivo era reforzar el proceso de defensa del lago Titicaca y sus afluentes. Las redes de mujeres que luchan por la protección del lago recibieron apoyo jurídico para presentar una normativa regional pionera destinada a reconocer al lago Titicaca como sujeto de derecho. Gracias al apoyo de nuestra organización asociada, el Centro Bartolomé de las Casas (CBC), y del Institute of Legal Defense (IDL), la ordenanza fue finalmente aprobada por el Gobierno regional. Se trata de un paso importante, ya que la ordenanza se basa en un enfoque ecocéntrico, de modo que el lago no solo se considera un recurso, sino que se reconoce su valor intrínseco. Esto permite exigir medidas en materia de protección de las aguas de una forma jurídicamente vinculante.

En total, casi 1’000 personas participaron en estas actividades de los proyectos de nuestras organizaciones asociadas, apoyadas por Mission 21, en 2025.